
Por Lucía Feced, directora de Educación de GDFE
El inicio de un nuevo año escolar suele leerse en educación como un momento de relanzamiento. Sin embargo, en los sistemas educativos es relevante que ese inicio implique empezar mejor, con perspectiva de transformación y a la vez con decisión de sostener los logros -grandes o incipientes- que hayan podido alcanzarse en el ciclo anterior.
Ese es, en buena medida, el punto en el que hoy se encuentran las provincias que estamos acompañando desde la Mesa de Educación del GDFE. Después de dos años de instalación de temas clave para la agenda educativa actual (la alfabetización inicial y la articulación entre la escuela secundaria y el mundo del trabajo), el desafío es consolidar las condiciones de implementación y de sostenimiento a largo plazo.
En ese pasaje se juega una parte importante del resultado de las políticas. Toda transformación de un sistema implica la capacidad de traducir esa intención de cambio en prácticas sostenidas en las escuelas. Y cuando esas nuevas prácticas empiezan a hacerse rutina para la comunidad educativa, los sistemas comienzan también a mostrar señales positivas, que se visualizan como mejoras progresivas en los resultados de aprendizaje.
En ese sentido, en San Juan el 2026 encuentra a la política de alfabetización en una etapa de consolidación y escala. Con la prioridad ya instalada y primeros resultados que permiten observar avances en los niveles de lectura de los estudiantes de 2º grado, el foco se desplaza hacia un objetivo ambicioso y necesario: alcanzar al 100% de las escuelas y docentes de la provincia. Esto implica ampliar la cobertura, y a la vez sostener la calidad de la implementación, profundizar el trabajo pedagógico y fortalecer los dispositivos de acompañamiento en cada institución. La articulación entre el Estado, equipos técnicos especializados y un conjunto amplio de empresas y fundaciones vuelve a ser una de las claves para hacer posible esa escala con consistencia.
En Río Negro, la política de articulación entre la educación secundaria y el mundo del trabajo transita un momento similar. Luego de una primera etapa de desarrollo de experiencias, el 2026 se presenta como un año clave para avanzar en su institucionalización: fortalecer el rol de supervisores y directivos, consolidar nodos territoriales de trabajo con actores socio-productivos y generar marcos normativos que le den estabilidad a la propuesta. En paralelo, el proceso empieza a generar evidencia sobre cómo estas experiencias pueden enriquecer las trayectorias educativas y fortalecer el último tramo de la secundaria.
El impacto de las políticas depende, en gran medida, de su capacidad para sostenerse en el tiempo. El punto crítico es construir condiciones para que esas experiencias se vuelvan parte del funcionamiento regular del sistema.
En ese proceso, la articulación entre actores adquiere un valor estratégico. La experiencia muestra que cuando el Estado, los equipos técnicos especializados y las empresas y fundaciones trabajan de manera coordinada, se amplían las capacidades de implementación, se ordenan los esfuerzos y se generan mejores condiciones para la sustentabilidad de las iniciativas. Ese es, precisamente, el tipo de construcción colectiva que desde el GDFE buscamos impulsar, y en el que queremos involucrar a cada vez más actores.
El inicio de 2026, entonces, es, sobre todo, una oportunidad para consolidar lo construido, profundizar la implementación y fortalecer las condiciones que hacen posible la mejora, en orden a obtener los logros que nos propusimos al inicio. En un contexto donde muchas veces las iniciativas educativas tienden a fragmentarse o a reiniciarse, avanzar sobre lo ya aprendido no es un dato menor. Es, probablemente, una de las decisiones más relevantes para quienes buscamos producir transformaciones reales y sostenidas en el sistema educativo.