Por Iván Buffone, Líder de Innovación de GDFE
En América Latina, los grandes proyectos de infraestructura, energía, minería y agroindustria suelen enfrentar desafíos sociales y ambientales que ponen en jaque su viabilidad. La forma tradicional de abordar la llamada “licencia social para operar” ha sido a través de políticas de inversión social o responsabilidad social empresarial (RSE), muchas veces concebidas como mecanismos de mitigación o compensación. Sin embargo, una nueva tendencia está emergiendo: la asociación de empresas y organizaciones locales con fuerte representatividad, integrándolas en la gobernanza de los proyectos y haciéndolas co-responsables de sus éxitos o fracasos.
Este modelo representa una innovación con raíces en los principios originales del capitalismo: incorporar a los actores que pueden representar un riesgo como socios estratégicos, garantizando así la prosperidad del negocio. En lugar de limitarse a gestionar conflictos desde una lógica de compensación, las empresas pueden fortalecer sus proyectos alineando esfuerzos públicos y privados hacia objetivos comunes de desarrollo local, inclusión y sustentabilidad.
Acción colectiva: la clave de alinear intereses
La experiencia internacional ofrece casos inspiradores. Recientemente, Mark Podlasly, CEO de First Nations Major Projects Coalition, visitó Argentina invitado por la Embajada de Canadá, y en el marco del GDFE compartió su visión sobre la importancia de la toma de decisiones libres, previas e informadas en grandes proyectos. Esta organización canadiense reúne a más de 150 comunidades indígenas y busca garantizar su participación equitativa en iniciativas de infraestructura y recursos naturales. Su enfoque incluye acceso a financiamiento, modelos de gobernanza compartida y la movilización de fondos para proyectos que han alcanzado inversiones por más de 30.000 millones de dólares, demostrando que la inclusión efectiva de comunidades en la gobernanza de iniciativas extractivas y de infraestructura puede generar acuerdos más estables y sostenibles en el tiempo.
En Argentina, un modelo local que refleja esta innovación es el de Meliquina, en Neuquén, donde el primer parque solar con participación accionaria de una comunidad indígena de América Latina, se está convirtiendo en un motor de transformación económica y social. Este tipo de iniciativas demuestran que la participación activa de la comunidad no solo es un factor de estabilidad, sino también un impulsor de valor agregado y resiliencia.
Si bien las experiencias citadas nos remiten a comunidades indígenas, el modelo es aplicable a cualquier tipo de comunidad local. En otros tiempos, pensaríamos rápidamente que se resuelve con una asociación público-privada, en términos de participación accionaria del gobierno local. Sin embargo, la crisis de representación y legitimidad, así como la polarización que domina nuestro escenario social y político, hacen que sea indispensable pensar nuevas formas e involucrar nuevos actores. Este es un terreno propicio para fundaciones comunitarias, organizaciones de la sociedad civil territoriales, fundaciones público-privadas y todo tipo de organización local que goce de legitimidad y representatividad ante los ciudadanos, y que sean capaces de alinear o compatibilizar sus intereses con los de los grandes proyectos productivos.
Beneficios y oportunidades
Incorporar a las comunidades organizadas en la gobernanza de los proyectos puede traer múltiples beneficios:
- Reducción de conflictos: al compartir la toma de decisiones, las comunidades se sienten parte del proceso, disminuyendo resistencias y litigios.
- Sostenibilidad social y ambiental: los proyectos diseñados con participación local tienen mayor probabilidad de cumplir con estándares ambientales y generar impacto positivo en el territorio, siendo estas las principales demandas ante este tipo de proyectos.
- Mayor atractivo para financiamiento: los inversores responsables, los organismos multilaterales y las instituciones financieras internacionales valoran cada vez más modelos de gobernanza que integren la sostenibilidad y la inclusión, sobre todo, teniendo en cuenta que menor conflictividad es una inversión más segura.
- Factibilidad y previsibilidad: al integrar a las comunidades en la gestión del proyecto, se reducen los riesgos de paralización o bloqueo, facilitando la ejecución y continuidad.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sancionado en Argentina en 2024 es una ley destinada a atraer inversiones en sectores estratégicos a cambio de grandes beneficios, pero su implementación ha generado debate sobre sus potenciales impactos sociales y ambientales. La adopción de esquemas de asociación con comunidades puede ser un complemento clave para mitigar riesgos, fortalecer la legitimidad de estos proyectos y maximizar su contribución al desarrollo local.
Hacia una Argentina con proyectos inclusivos y sostenibles
En un país que enfrenta desafíos estructurales de pobreza, desigualdad y conflictividad social, este modelo de asociación puede ser un camino viable para avanzar en grandes inversiones con beneficios compartidos. La oportunidad está en diseñar proyectos donde las empresas no solo operen en un territorio, sino que lo hagan junto a sus comunidades, garantizando un desarrollo más equitativo y duradero. Sin dudas, lograr que todos los involucrados—empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil—alineen sus intereses y trabajen en conjunto para garantizar tanto la viabilidad del negocio como su impacto positivo, se convierte en un factor clave para su sostenibilidad y éxito a largo plazo.
La integración de actores locales en la gobernanza de grandes proyectos no es solo una estrategia para reducir conflictos, sino una vía para construir un futuro donde el crecimiento económico vaya de la mano con el bienestar social y ambiental. Para Argentina y la región, este enfoque no solo es deseable, sino imprescindible para consolidar inversiones y el desarrollo que necesitamos.
